Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que nadie debe vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Son varios los documentos que consagran los derechos de la infancia en el ámbito nacional e internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Derecho Penal es el instrumento de control social más enérgico y duro que tiene el Estado para la protección de los bienes jurídicos y en el caso de adolescentes infractores su injerencia es agudamente violenta, estigmatizante y perjudicial. Se debe considerar y analizar la doctrina de la protección integral, el interés superior del niño, doble garantía, etc., por lo que se debe reflexionar en un Derecho Penal de adolescentes como Derecho Penal autónomo e independiente dentro de la doctrina de la protección integral y no sólo una intervención más dentro del Sistema Penal
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