El análisis criminal puede ser considerado un proceso con un fin en sí mismo para generar conocimiento para tomar decisiones, y también como una función indispensable que colaborar en los desafíos que enfrentan instituciones de seguridad pública en materia de prevención y procuración de justicia al intentar reducir los delitos y sus consecuencias en la sociedad generando un contexto que permita el diseño de estrategias y acciones focalizadas. En general, dada la convergencia de la política pública de seguridad con la política criminal, no hay institución que no enfrente la necesidad de mejorar su actuación, por ejemplo, transitando desde la reacción a la proactividad, y mejorando la estrategia persecutora, evitando así que delincuentes prolíficos y organizaciones criminales continúen actuando o incrementen su influencia y poder.
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